Seis de los 33 acusados de pertenecer o colaborar con ETA a través de Jarrai-Haika-Segi están ya en libertad. Mañana cumplirán el máximo de cuatro años en prisión preventiva y la Justicia no puede retenerlos por más tiempo en una cárcel, a pesar de las quejas del fiscal y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, aseguró que esta excarcelación demuestra que la Audiencia Nacional no tiene los medios que necesita.
Olatz Dañobeitia, Garazi Viteri, Garikoitz Etxeberria, Olatz Carro, Igor Sunsundegi y Ugaitz Elizaran son los seis acusados que han quedado en libertad. A todos ellos se les acusa de pertenecer a la banda terrorista ETA y el fiscal ha pedido para cada uno de ellos 14 años de prisión. A pesar de estar en libertad, todos ellos tienen la obligación de comparecer todos los días en el tribunal que les juzga o en una Comisaría de Policía o cuartel de la Guardia Civil y la de no abandonar el territorio nacional.
El auto emitido por el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga este caso contó con el voto particular discrepante del magistrado Carlos Ollero, que será el ponente de la sentencia que se dictará al final del juicio. Este juez cree que las defensas dilataron indebidamente el procedimiento durante unos 69 días, tiempo que debería excluirse de ese máximo de prisión provisional de cuatro años.De contar los plazos establecidos por Ollero se podría haber terminado el juicio sin necesidad de haber excarcelado a estos seis imputados. Fuentes jurídicas, en todo caso, no creen que los acusados intenten eludir la acción de la Justicia, puesto que ya han cumplido más de un cuarto de la condena máxima solicitada por el fiscal. La AVT, por su parte, solicita ocho años más que el fiscal para cada acusados porque les imputado un delito de genocidio.
El fiscal Enrique Molina también intentó que no se excarcelara a estos seis acusados pero no lo consiguió, alegando también dilaciones indebidas en el proceso atribuibles a la defensa.
Pero el Tribunal entiende que es la dificultad del proceso, en el que además se sumaron dos causas distintas, lo que provocó que fuera en mayo de 2004 cuando se pudo iniciar la fase intermedia, que llevó a la plenaria tras los necesarios trámites de instrucción y calificación por dos acusaciones y cinco defensas.