La Audiencia Provincial de Madrid inició ayer la repetición del juicio por el caso de las escuchas ilegales telefónicas con el ex jefe de operaciones del CESID Juan Alberto Perote como único acusado en el banquillo después de que las acusaciones particulares y populares se retiraran de la causa.
La fiscal del caso mantiene su acusación contra Perote, único de los procesados contra el que la ha ejercido, y pide para él cinco meses de arresto mayor y nueve años de inhabilitación mientras que el ex director del Cesid Emilio Alonso Manglano y cinco técnicos de este Centro ya no serán juzgados al desistir las acusaciones. La repetición de este juicio fue ordenada por el Tribunal Constitucional el 29 de marzo de 2004 para que los siete acusados fueran juzgados por magistrados que no tuvieran «comprometida su imparcialidad».
El TC declaró vulnerado el derecho a la imparcialidad judicial en el juicio que en 1999 condenó a seis meses de arresto y ocho años de inhabilitación a Manglano y Perote y a cuatro meses de arresto y seis años de inhabilitación a cinco técnicos del Centro Superior de Investigación de la Defensa (CESID).
La Sala Segunda del TC estimó parcialmente el recurso presentado por los condenados por un delito continuado de interceptación de escuchas telefónicas, por lo que anuló la sentencia de la Audiencia Provincial y la del Supremo que confirmaba la anterior. Durante la sesión de ayer, en la que se abordaron las cuestiones previas al comienzo del juicio, el abogado de Perote, Jesús Santaella, pidió el archivo de la causa por considerar que de los escritos presentados por las acusaciones en las que notifican su retirada de la causa «se desprende que han recibido las satisfacciones oportunas, lo que equivale al perdón».
Además, solicitó la nulidad de las actuaciones por estimar que no hubo acuerdo del Consejo de Ministros previo a la desclasificación de documentos secretos y alegó la prescripción del delito sobre uno de los hechos alegados por el Ministerio Público, cuya representante se opuso a todas estas cuestiones previas.Así, la fiscal dijo que «hoy por hoy nadie ha perdonado a nadie ya que hay personas afectadas a las que nadie ha preguntado si perdonan o no perdonan» y explicó que, aunque se han retirado las acusaciones particulares y populares, se trata de un delito perseguible de oficio.