El concejal madrileño Àngel Garrido, que invitó por carta a los afiliados del PP a pronunciarse contra el Gobierno en la manifestación de las víctimas del terrorismo, dijo ayer que el ministro José Bono es un «embustero» que pudo fingir un delito, la agresión, y que el Gobierno del PSOE ha implantado un estado «neofascistoide» en Madrid.
Garrido afirmó que «eso ocurre porque hay un delegado del Gobierno que ha impuesto un sistema neofascistoide en la ciudad y porque hay larga tradición en el PSOE de ministros del Interior que acaban o en la cárcel o dimitiendo, y el actual ministro no va a ser una excepción».
Fracasados
A su juicio, lo de la carta «es una cortina de humo que ha
fracasado porque fracasan las cosas que provienen de fracasados y
que promueven fracasados, el tema está zanjado, y lo que hoy
importa es que un ciudadano sale a la calle a manifestarse porque
no le gustan determinadas cosas y puede ocurrir que a un ministro,
que es un embustero, sus guardaespaldas le den algún golpe».
«Puede ocurrir que finja un delito de acoso o ataque, puede ocurrir que sus fotos salgan, que te identifiquen en esas fotos, que te detengan ilegalmente, etc., todo eso puede ocurrir en España hoy, pero estoy convencido de que el ministro del Interior acabará en la cárcel o dimitiendo», añadió.
El PP presentó ayer una demanda por detención ilegal de dos militantes por su participación en la supuesta agresión al ministro de Defensa, mientras el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, acusó a los populares de «explotar políticamente» el dolor de las víctimas.
La demanda por detención ilegal, prevaricación y por un delito contra las libertades públicas, según dijeron fuentes populares, fue presentada en los juzgados de Madrid tanto por el PP madrileño como por los dos militantes del PP, Antonia de la Cruz e Isidoro Barrios.
Los dos militantes prestaron declaración el pasado martes ante la policía tras ser identificados en una fotografía entre un grupo de personas que presuntamente participaron en la agresión a Bono durante la manifestación de apoyo a las víctimas del terrorismo.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, acusó al PP de mantener «actuaciones indignas de quien ha estampado su firma en el Pacto Antiterrorista» al intentar «explotar políticamente» el dolor de las víctimas tras la manifestación del sábado.
El ministro consideró que esos incidentes no tienen por qué afectar al Pacto, cuya utilidad defendió siempre que se tenga «la honradez ética y política de cumplir lo pactado».
Al respecto, para el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, el pacto «no tiene absolutamente nada que ver» con el «hecho gravísimo» de la detención de los militantes, en la que vio «una intencionalidad clara en beneficio del Gobierno, que es «intolerable en democracia».
También el presidente popular, Mariano Rajoy, emplazó al Gobierno a aclarar en el Congreso las detenciones, y anunció que, en caso contrario, pedirá el cese del ministro del Interior.
Rajoy calificó las detenciones de los militantes de su partido de «ilegales» e «impropias de una democracia civilizada», y aseguró que para el arresto «se forzó la voluntad de funcionarios policiales».