Ese fue el resultado de la entrevista que durante dos horas y media mantuvieron ayer en Moncloa el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, para analizar la propuesta aprobada por el Parlamento vasco. La reunión sirvió para constatar su coincidencia de criterios en la interpretación del plan pese a sus diferencias en los mecanismos para hacerle frente.
Eso no impidió que Rajoy expresase su satisfacción por el hecho de que Zapatero negase ante el lehendakari cualquier esperanza de futuro al plan que lleva su nombre. En cualquier caso, advirtió que «vienen tiempos difíciles para los españoles».
También el presidente del Gobierno se mostró satisfecho por el acuerdo con el PP, según se expresó la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, encargada de dar cuenta del contenido de la reunión.
Un contenido que pasa por la creación de una comisión bilateral que analizará la reforma de la Constitución, la de los Estatutos de las Comunidades Autónomas, la de la financiación autonómica y sanitaria, una comisión similar a la que funciona entre PP y PSOE contra el terrorismo y siguiendo el ejemplo de la que desembocó en 1992 en el pacto autonómico.
El Gobierno considera «imprescindible» el apoyo del PP a la modificación constitucional y «absolutamente conveniente» el respaldo del principal partido de la oposición a las reformas estatutarias de las comunidades que lo soliciten.Un principio esencial para el trabajo que debe desarrollarse, a juicio del Gobierno, será la lealtad constitucional recíproca entre las partes, lealtad que Rajoy garantizó expresamente en su comparecencia ante los medios.
Es más, el presidente del PP llegó incluso a ofrecer a Zapatero el apoyo de su partido a la estabilidad del Gobierno si se ve amenazada por aplicar los criterios que emanen de este acuerdo, una estabilidad que no ve en peligro la vicepresidenta del Ejecutivo. Rajoy comparó el «espíritu» con el que, a su juicio, debe nacer la comisión bilateral con el que inspiró la que, en 1992, desembocó en el pacto autonómico.