Tras una reunión de casi ocho horas, el comité aprobó con los votos a favor de 14 de sus 17 integrantes (todos menos los designados por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca, que se abstuvieron), un informe que considera «justas y legítimas» las razones que avalan la devolución de los fondos documentales de la Generalitat actualmente identificados como tales en ese archivo.
El ex director general de la UNESCO y presidente de la Fundación Cultura de la Paz, Federico Mayor Zaragoza, que actuó como portavoz, dio cuenta del contenido del texto, en el que se señala que tanto en el caso de Catalunya como en otros que puedan producirse debe exigirse que se dejen copias auténticas en Salamanca y se garantice la conservación y la plena accesibilidad de los originales. El informe, que no es vinculante, ha sido ya elevado al Ministerio de Cultura, que aseguró en un comunicado que lo estudiará «como pieza fundamental de su decisión».
Para el comité, los principios que deben guiar la resolución del conflicto son la condena de las incautaciones de documentos con finalidad represiva y el derecho a la reparación del atropello. Mayor Zaragoza precisó que la parte de la documentación que reclama la Generalitat está perfectamente identificada» y separada en 507 cajas de las 20.000 que tiene el archivo, si bien añadió que con otros documentos que, previsiblemente, también serán reclamados por personas privadas, sindicatos, partidos políticos y otras instituciones «no va a ser nada fácil».