La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordó ayer por unanimidad de todos los partidos interponer ante los tribunales económicos administrativos una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador por el incumplimiento del acuerdo de compensación derivado de la supresión del Impacto de Actividades Económicas (IAE).
Con este recurso, los ayuntamientos manifiestan su «profundo descontento» y su «desengaño por las promesas incumplidas» tras las sucesivas negociaciones mantenidas con el Ministerio de Economía y Hacienda, y toda vez que el proceso de enmiendas a los Presupuestos de 2005, vía que la Federación quería aprovechar para conseguir ayudas compensatorias y descongelación de fondos, ha quedado culminado tras prosperar el lunes el veto del Senado.
El anuncio de la reclamación, que quedará formalizada en enero, fue realizado por el presidente de la FEMP, Francisco Vázquez, y por su vicepresidenta primera, Rosa Aguilar, tras reunirse la Comisión Ejecutiva y el Consejo Federal, máximos órganos de decisión del organismo. Vázquez expresó el «profundo descontento» y el «desengaño» de los ayuntamientos españoles por las «promesas incumplidas» a este respecto.
Según denunció, después que la Federación haya mantenido continuas conversaciones con Hacienda para solventar esta cuestión en los PGE, este departamento no ha dado ninguna respuesta a las peticiones manifestadas ni se han admitido las enmiendas que algunos grupos, a instancias de la FEMP, registraron en Congreso y Senado.