El ex ministro de Defensa, Federico Trillo, afirmó ayer que «ya nadie tiene legitimidad» para exigirle responsabilidades políticas por el accidente del Yak-42, en el que perdieron la vida 62 militares españoles, puesto que considera que ya ha dado cuenta de dichas responsabilidades en el Gobierno, en su propio partido y ante el Parlamento.
«La responsabilidad política tiene tres instancias o, digamos, tres ámbitos en donde se da cuenta de los actos de un gobernante: su propio partido, que es el que media con la sociedad, cuando se tiene el Gobierno, el Parlamento y cuando se es diputado, las elecciones. Yo he dado cuenta en los tres ámbitos», afirmó.
El ex ministro de Defensa aseguró que dimitió el mismo día en que llegaron a la base área de Torrejón los cadáveres de las 62 militares españoles fallecidos en el accidente de Trebisonda (Turquía) y que el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, rechazó su dimisión porque sabía que no tenía «ninguna responsabilidad» y que «había sido condenado por muchos de aquellos familiares» antes de averiguar las causas «de lo que luego resultó ser un accidente por fallo humano de los pilotos y no hay quien lo saque de ahí».
En esta misma línea, explicó que rindió cuentas en su propio partido, que luego el PP concurrió a los comicios del 14 de marzo y recibió «la máxima sanción» con la derrota electoral y que en el Parlamento dio su versión sobre los errores cometidos en las identificaciones de los cadáveres de los militares fallecidos.«He dado cuenta ante el Parlamento, antes y después de las elecciones, de cuál fue mi actitud. En la última ocasión, el día en que el ministro actual vino a informar sobre los errores en la identificación. Salí ahí, di mi versión ahí, di explicaciones y dije y digo que quiero llegar hasta el final y nadie salió a contradecirme, nadie. En consecuencia, ya nadie tiene legitimidad para exigirme responsabilidades políticas por aquellos hechos», argumentó el ex ministro.
Trillo también se refirió a la póliza contratada en su etapa como ministro de Defensa para él y otros 20 altos cargos de su Departamento y aseguró que se trata de un seguro «legal» y «razonable» porque tanto el máximo responsable de las Fuerzas Armadas como sus altos cargos utilizan medios de transporte militares y están expuestos «todas las semanas» a situaciones de riesgo. «Era y es legal y era y es razonable», aseveró Trillo, que después se preguntó por qué no se considera legal la misma póliza que se contrataba desde 1991 para el presidente del Gobierno y varios de sus ministros.
Preguntado por la autorización parlamentaria para enviar tropas al extranjero, Trillo aseguró que esa exigencia «no es ninguna novedad», pero advirtió que ese requisito podría dejar «atrapado» al Gobierno en la toma de decisiones «por demasiadas rigideces».