La Guardia Civil controló la casa de la localidad madrileña de Morata de Tajuña, en la que se confeccionaron los artefactos explosivos utilizados en los atentados del 11-M, hasta el día anterior a la comisión de los mismos, y llegó a la conclusión de que la finca estaba ocupada por trabajadores ilegales.
Así lo revela un informe del instituto armado entregado ayer por el Gobierno a la comisión parlamentaria de investigación del 11-M, en el que se asegura que la vigilancia de la citada vivienda se inició el 7 de marzo, después de recibir la llamada de una vecina a la que la presencia de varios individuos de origen árabe había causado sospechas.
Varios guardias civiles estuvieron controlando el lugar entre los días 7 y 10 de marzo, «no observando nada anómalo» en la conducta de las tres o cuatro personas de origen magrebí detectadas en la casa, llegando a la conclusión en esta última fecha de que «pudiera tratarse de trabajadores de manera ilegal».
Este informe -forma parte de los nueve documentos que el Gobierno estaba preparando además de los 25 anunciados y entregados ayer en el Congreso- señala que, en la mañana del 7 de marzo, una mujer llamó a la Guardia Civil y manifestó que en una propiedad próxima a la suya «ha observado durante largo periodo de tiempo un numeroso grupo de personas de origen árabe que pasaba por dicha finca», y que a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 «dejó de ser visitada».
La mujer continuó diciendo que, en las últimas fechas, la casa volvía a ser frecuentada «por individuos de origen árabe, causándole sospechas esta forma de proceder».