El Gobierno aprobó ayer los Presupuestos Generales del Estado para 2005, de los que un 50,2% será gasto social, porque, según manifestaron los dos vicepresidentes, María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes, el objetivo es responder a las necesidades actuales de los ciudadanos y garantizar la prosperidad futura de España, con un cambio en el modelo de crecimiento basado en el incremento de la productividad. En las primeras cuentas del Estado realizadas por el Ejecutivo del PSOE, los ciudadanos se ahorrarán 175 millones de euros al descontarse la inflación de la tarifa del IRPF.
Además de la prioridad del gasto social (pensiones, desempleo, etc.), que crece un 9,5% respecto al de este año, el proyecto de Presupuestos aprobado por el Consejo de Ministros, que el vicepresidente económico llevará el martes al Congreso, tiene como principales objetivos la vivienda y la I+D+i. El 31,8% del gasto se destinará a actuaciones de carácter general (transferencias a otras Administraciones, deuda pública, etc.), el 11,7% a servicios públicos básicos (justicia, defensa, seguridad ciudadana, etc.) y el 6,3% restante a actuaciones de carácter económico (infraestructuras, I+D+i o agricultura, entre otras).
La partida que anotará un mayor incremento será la de vivienda, cuyo gasto crecerá un 32,5% el año que viene, con un total de 878,61 millones de euros, por delante del gasto en I+D+I, que aumentará un 25,4%, hasta 3.651,94 millones. El presupuesto para infraestructuras crecerá en 2005 un 9,2%, con 19.351 millones de euros, mientras que el gasto en educación registrará una subida del 7,9% (2.904,03 millones). Las pensiones, uno de los principales gastos sociales, verán aumentar su partida en un 7,15%, totalizando 68.904,89 millones de euros.
La decisión de deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2005, supondrá un ahorro de unos 175 millones de euros a los contribuyentes españoles. La deflactación consiste en elevar un 2% (la inflación prevista) la tarifa del IRPF (los ingresos por los que paga cada contribuyente), con lo que aumenta la cantidad de dinero que tributa a un tipo más bajo. Desde el año 2000 no se realizaba esta operación, por lo que Hacienda recaudaba más por este impuesto a pesar de las reformas de los gobiernos del PP.