El Ministerio del Interior revisará «caso por caso» la prestación de escoltas a los amenazados por ETA, con el fin de racionalizar y optimizar dicho servicio de seguridad, del que actualmente se benefician unas 5.000 personas en toda España, cerca de 1.200 en el País Vasco. Este anuncio, no obstante, no contempla una reducción importante del número de agentes que desempeñan estas labores de protección. Para el PP anunciar «a los cuatro vientos» esta medida es «una temeridad» porque puede dar pistas a los terroristas.
Interior tiene ya concluido el informe encargado por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el pasado mes de junio, con el fin de racionalizar la prestación de escolta a las personas amenazadas. La intención es realizar una «racionalización» de los recursos que se destinan a labores de escolta y protección en la actualidad. Para ello se ha elaborado un «mapa de riesgo» y se pretende ajustarlo a las necesidades de cada amenazado con el fin de que no falten escoltas, pero también para que los turnos sean más racionales.
Para ello se revisará «caso por caso». Aunque Interior no contempla una reducción importante de efectivos, sí se ajustarán las necesidades al presupuesto para el conjunto del año, que es de 67,3 millones de euros.
Para Zaplana, del PP, si realmente es necesario racionalizar el servicio de escoltas, el Ejecutivo no debería proclamarlo «a los cuatro vientos», porque hacer público que habrá cambios constituye, a su juicio, «una temeridad. Me preocupa mucho que estén permanentemente lanzando globos sonda; da la sensación que no saben qué decir sobre ningún tema. Están en la indefinición permanente», criticó Zaplana, señalando que esta intención del Gobierno dará pistas a los terroristas.