El ministro del Interior, José Antonio Alonso, aseguró ayer ante la comisión de investigación de los atentados del 11-M que no hay indicio alguno que apunte a la participación de ETA e incluso aseguró que apuntar a su autoría intelectual en la matanza, como se señala desde el PP, es «retorcido». Alonso también dio datos sobre los vehículos utilizados por los terroristas. Dijo que el 11-M no se anotaron las matrículas de los coches que estaban alrededor de la furgoneta localizada, lo que retrasó hasta el 20 de julio que Interior tuviera constancia de la relación del segundo vehículo con los atentados.
«Todos los hechos objetivos conducen al terrorismo islámico. Ninguno de ellos, ni siquiera un indicio, conduce a ETA». Con esta rotundidad, el ministro Alonso rechazó la relación de la banda terrorista con el 11-M. «Lo que no admite el Estado de Derecho es más conjeturas, insidias o retorcimientos, porque el Estado de Derecho es algo serio que funciona con hechos», sentenció.
Los vehículos que utilizaron los terroristas fue otro de los asuntos estrella de la comparecencia. Según explicó Alonso, el 11 de marzo la Brigada Provincial de Información de la Policía de Madrid y la Comisaría de Alcalá realizaron un peinado de la zona donde se halló la furgoneta. Pero no hizo un listado de matrículas, lo que provocó que no se localizara el segundo vehículo.
Al parecer, la Comisaría de Alcalá «sólo hace inspección ocular cuando hay una orden de control específico, es decir, cuando el coche se relaciona, además de con la sustracción, con otros delitos». El 13 de junio se recibe el aviso de la existencia del segundo coche, al que se vincula con delincuencia común y se devuelve a la empresa que lo alquiló, Hertz. Sus trabajadores encuentran una maleta y alertan a la Policía.
Alonso negó las acusaciones de apagón informativo y de no haber hecho nada desde el cambio de Gobierno. Relató que se han realizado 40 operaciones relacionadas con la masacre. Desde que gobierna el PSOE, Alonso dijo que se ha detenido a 21 personas, diez de las cuales relacionadas con la trama de robo y venta de los explosivos, seis son musulmanes y tienen relación directa y otros cinco están a disposición judicial.