La comisión de estudios del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer un crítico informe sobre el anteproyecto de la ley integral contra la violencia sobre las mujeres en el que se cuestiona su eficacia y su constitucionalidad y se denuncia que no proteja al resto de las víctimas de la violencia doméstica.
El nuevo informe del CGPJ, aprobado por los tres votos de los vocales conservadores -Adolfo Prego, José Luis Requero y Javier Laorden- frente a los dos de los progresistas -Montserrat Comas y Luis Aguiar-, que emitieron un voto particular, considera que una ley que se denomina «integral» debería proteger también a los menores, a los ancianos e incluso a los hombres.
El pleno del Consejo estudiará el jueves este informe para remitirlo al Gobierno, que ya ha anunciado que aprobará el proyecto de ley en el Consejo de Ministros del viernes incorporando las sugerencias que mejoren el texto.
El informe aprobado ayer ha sido redactado por Requero, quien recibió el encargo después de que la comisión de estudios rechazara la semana pasada el informe de Montserrat Comas, que avalaba la norma a pesar de proponer varias modificaciones. Este informe cuestiona la constitucionalidad de que pasen a ser delitos las amenazas y coacciones leves sólo cuando el ofendido sea mujer y el agresor hombre y se opone a la creación de juzgados específicos para un sexo, como no pueden crearse por razones de raza, ideología o creencias.
En opinión del CGPJ, el anteproyecto, al definir delitos en función del sexo, establece un «derecho penal de autor», «voluntarista, con predominio no tanto de lo normativo como de lo que se ha dado en llamar 'el sano sentir del pueblo'», unas concepciones «propias de la Escuela de Kiel, de tan triste recuerdo en la Alemania de los años treinta». Además, con los juzgados especiales para la violencia sobre las mujeres, se crea una jurisdicción específica, «algo propio del Antiguo Régimen y afortunadamente superado ya a lo largo del siglo XIX».