El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, encargado de la investigación de los atentados del pasado 11 de marzo en Madrid, afirma en un auto conocido ayer que la investigación «en modo alguno» puede verse afectada por «la condición supuesta o no» de confidentes de la Policía de dos de los detenidos (Rafa Zouhier y José Emilio Suárez Trashorras), ya que no transmitieron ningún dato a las Fuerzas de Seguridad sobre la preparación de la acción terrorista. El magistrado acordó ayer la puesta en libertad de los hermanos Antonio y Carmen Toro Castro, esposa y cuñado, respectivamente del ex-minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras, a quien se acusa de facilitar los explosivos con los que se cometieron la masacre, además de a Sergio Alvarez, último detenido en Asturias.
Sin embargo, el juez recoge que Zouhier informó a la Guardia Civil a principios de 2003 que los asturianos Trashorras y Antonio Toro le ofrecieron sustancias explosivas y detonadores, de los que llegó a obtener una muestra que entregó al agente de la Benemérita del que era confidente. También señala que Suárez Trashorras facilitó datos a un policía de Avilés sobre las actividades de algunos de los terroristas antes de los atentados, pero no sobre los preparativos del 11-M sino sobre su implicación en tráfico de drogas.
El magistrado decreta libertad provisional para Sergio Alvarez Sánchez, Carmen Toro Castro y Antonio Toro Castro, detenidos en Asturias por su presunta relación con el suministro del explosivo a los autores de la matanza, aunque les impone la obligación de presentarse semanalmente en un Juzgado, y tendrán prohibido salir de España. Entiende que no hay suficientes datos contra ellos.
A petición del fiscal, mantiene en prisión provisional incondicional y comunicada a otros detenidos en Asturias: Iván Granados, Rául González Peláez y Emilio Llano Alvarez, a quienes imputa un presunto delito de colaboración con organización terrorista mediante la facilitación de sustancias explosivas, así como tenencia y transporte de las mismas. El juez señala en el auto que el alzamiento parcial del secreto pretende «ir favoreciendo el conocimiento del objeto de la instrucción judicial por parte de quien se ve directamente afectado».