El Ministerio del Interior se comprometió ayer a elaborar protocolos de actuación para facilitar el acceso de las víctimas de los atentados del 11 de marzo a las ayudas de las administraciones, después de que los afectados, hasta ahora «olvidados y ninguneados», hayan denunciado la descoordinación existente.
Éste es uno de los compromisos adquiridos por el titular de Interior, José Antonio Alonso, en la reunión que, por iniciativa propia, ha mantenido con representantes de la Asociación de Afectados por el 11-M y de la llamada Atocha 11-M, integrada esta última por ciudadanos que no sufrieron las consecuencias de los atentados.
Tal y como aseguró Clara Escribano, representante de la primera de estas asociaciones, las víctimas se han sentido hasta ahora «olvidadas y ninguneadas», sin saber exactamente qué tienen que hacer para acceder a los diferentes tipos de ayuda, desde la económica a la psicológica.Por ello, ha solicitado al ministro, además de infraestructura para poder canalizar las quejas de los afectados, la elaboración de protocolos de actuación válidos para todas las administraciones públicas implicadas que, además, contribuyan a lograr la máxima coordinación entre éstas -Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Estado- y faciliten el acceso de las víctimas a las ayudas.
Alonso se comprometió a resolver las peticiones de las víctimas, que simbolizan, dijo, la «resistencia moral de la sociedad frente al terrorismo». El Ejecutivo, agregó, quiere darles el máximo apoyo para que «se sientan comprendidas, ayudadas y representadas por un Gobierno cuya prioridad es la lucha contra el terrorismo» y porque «nos debemos a ellas». Alonso dejó claro que el Gobierno mantendrá la política de regularización y de concesión de la nacionalidad para los inmigrantes en situación irregular que se vieron afectados por la matanza y afirmó que «asume esta obligación, que no es sólo política, sino moral».