La Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior sentaron ayer las bases de un protocolo de actuación para reforzar y extremar las medidas de protección a las víctimas de violencia de género y coordinar más eficazmente a fuerzas policiales y órganos judiciales.
Tras entrevistarse con el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, la presidenta del Observatorio sobre Violencia de Género, Montserrat Comas, explicó que la urgencia de esta reunión se debe a los tres casos de violencia mortal contra mujeres registrados la semana anterior, cuyos agresores incumplieron las órdenes de alejamiento que sobre ellos pesaban.
Uno de los fines del protocolo es «dar una respuesta tajante, rápida y urgente ante el incumplimiento» de las medidas cautelares dictadas por un juez y «que se activen las mecanismos contemplados ya en la ley», manifestó la juez.Además, añadió, se trata de «sentar las bases de coordinación entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, las fuerzas autonómicas y las policías locales», en el caso de que la futura Ley Integral contra la Violencia de Género decida que la policía municipal «entre a formar parte de esta importante tarea de control y cumplimiento de las órdenes de protección».
En la reunión se abordó también el «interés de estudiar de qué forma priorizar las órdenes de protección a efectos de que haya una respuesta policial adecuada en aquellos casos donde exista un determinado nivel de riesgo». «Graduar distintas respuestas policiales, de vigilancia y de protección, individualizando caso por caso y priorizando aquellos donde haya mayor riesgo», puntualizó.