El Consejo de Ministros puso ayer la primera piedra de la ley integral contra la violencia de género, una ley que se asentará sobre las medidas preventivas, el apoyo a las víctimas y el castigo al maltratador.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró ayer que antes de verano llegará al Congreso el anteproyecto de una ley que persigue, entre otros puntos, que el conjunto de fuerzas de seguridad, incluyendo los policías locales, se implique en el cumplimiento efectivo de la orden de protección contra la violencia de género.
La portavoz y vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, aseguró en su comparecencia tras el Consejo de Ministros que la ley integral contra la violencia doméstica es otro ejemplo de que «lo que se dice, se hace».
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales explicó que la ley recoge medidas en el ámbito de la prevención, protección, recuperación y sanción. En el orden preventivo que, a su juicio, es el más importante, destacó la incorporación al currículum escolar de una asignatura que se llamará «Ética e igualdad entre hombres y mujeres», así como la regulación de un sistema que permita la retirada de anuncios publicitarios que utilizan «ilícitamente» el cuerpo de la mujer.También destacó la protección y apoyo a las víctimas desde los servicios de atención inmediata y de información, hasta los centros de emergencia en los que pueden ser atendidas las mujeres y sus hijos y hasta los centros de recuperación integral. A su vez, afirmó que las víctimas deben tener apoyo público y ayudas suficientes ligadas a la búsqueda de una formación que permita orientar la vida y romper las cadenas de la dependencia. «Uniremos ayudas económicas con formación para el empleo», dijo.
Para ello, adelantó modificaciones en las relaciones laborales, también en la Ley de Ayuda a Víctimas de Delitos Violentos. Otras medidas en este ámbito se dirigirán a favorecer el acceso de las víctimas a las viviendas de protección oficial y mejorar el acceso de bonificación a la Seguridad Social por contratos indefinidos a víctimas de esta violencia.