El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó ayer en libertad bajo fianza de 20.000 euros a Jesús Marcos Calahorra Muñoz, jefe de Administración de la empresa de máquinas expendedoras Azkoyen, a quien acusa de haber pagado en noviembre de 2001 un total de 37 millones de pesetas a miembros de ETA en concepto de «impuesto revolucionario».
Según consta en el auto, Calahorra, quien recibió 6.000 euros por esta gestión, actuó por orden del Consejo de Administración de la entidad navarra. Por ello, el juez afirma en la resolución que «sin perjuicio de la responsabilidad en la que han podido incurrir los miembros del Consejo», Calahorra pudo cometer un delito de allegamiento de fondos a organización terrorista.
El juez ha dado 72 horas de plazo a Calahorra para que haga efectiva la fianza y así pueda eludir la prisión.
El juez le imputa este delito «por cuanto Jesús Marcos Calahorra Muñoz, cumpliendo una orden del Consejo de Administración de Azkoyen Comercial S.A., hoy C.H.C, Hispano Lusa, manifiestamente ilegal, en el sentido de que se refería a la distracción de fondos de la entidad para un fin ilícito, registrando la partida contablemente con lo cual quedaba oculta la verdadera finalidad, hizo entrega de 37 millones en noviembre de 2001, consciente del destino de los mismos y sin que exista una situación que le compeliera a obedecer una orden de aquel tipo».
El auto explica que «en septiembre de 2001 se intervino una comunicación interna de ETA dirigida a Otsagi, responsable del aparato militar de ETA, encargado del cobro y gestión de las extorsiones conocidas como 'impuesto revolucionario', en el que se hacía referencia a la satisfacción por Azkoyen de 'la deuda que tenían con nosotros'».