Los delitos que el juez Andreu imputa a estos dos etarras, que fueron detenidos el pasado domingo en Cañaveras (Cuenca) con una furgoneta cargada con 536 kilos de explosivo, son pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de explosivos, tentativa de estragos y conspiración para el asesinato. Aunque ambos se negaron a declarar ante el juez, ante la Guardia Civil admitieron que pretendían haber atentado en Baqueira Beret, lugar en el que la Familia Real pasa sus vacaciones navideñas de forma habitual, en diciembre del año pasado colocando explosivos bajo tierra. El atentado se frustró por las malas condiciones climatológicas.
El 22 de mayo, el día de la boda del Príncipe Felipe y Letizia Ortiz, los terroristas pretendían volar ocho torres de conducción eléctrica. En todo caso, ambos reconocieron la extrema dificultad para cometer una acción ese día ante las medidas de seguridad y podrían haber optado por cometerla un día de la semana anterior con el objetivo de sembrar el caos en Madrid.
El comando desarticulado también había recopilado información sobre Carlos Urquijo, delegado del Gobierno en el País Vasco. Urquijo fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la localidad alavesa de Llodio y se da la circunstancia de que el tercer detenido en esta operación policial, Beñat Barrondo, trabaja en dicha Concejalía como delineante. Ambos terroristas estarán incomunicados en prisión durante 24 horas, lo que permitirá que Barrondo declare este viernes ante el juez.