Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Andalucía, Asturias, Aragón, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y Catalunya) y el País Vasco exigieron ayer al Gobierno del Partido Popular un total de 1.800 millones de euros para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Además, acusaron al Ejecutivo de «quitar dinero a la sanidad pública día a día» con el fin de provocar una merma de calidad «desde dentro» que permita «justificar en el futuro la privatización del sistema».
En una rueda de prensa conjunta ofrecida tras mantener una reunión en Madrid, los consejeros de estas autonomías explicaron que los 1.800 millones «adeudados» por el Estado son la suma de los 500 millones que el Ministerio de Trabajo debe abonar por la gestión de la incapacidad temporal (ITE) más lo que la sanidad pública ha dejado de ingresar por la desviación del «exagerado» gasto farmacéutico y la escasa dotación del Fondo de Cohesión sanitario.
Sobre ese particular, denunciaron el «sonado fracaso» del Ministerio que lidera Ana Pastor a la hora de controlar el crecimiento del gasto sanitario que, según resaltaron, ha aumentado un 22 por ciento en dos años, mientras que en Europa el incremento fue sólo del 6 por ciento.Por eso, los consejeros pidieron al Ejecutivo que al menos abone este mes, antes de disolverse, los 500 millones relativos a la gestión de la incapacidad temporal (ITE). Vallejo reconoció que esta partida forma parte del pacto de financiación, si bien advirtió que se trata de un acuerdo «imposible de cumplir» por ninguna comunidad. «Ninguna comunidad ha cumplido el acuerdo», dijo.