La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó ayer la inadmisión a trámite de las 13.345 denuncias y querellas formuladas por diferentes entidades y ciudadanos contra el presidente del Gobierno, José María Aznar, y los ministros de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, y de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, por la participación española en la guerra de Irak.
El Supremo, que ha tardado nueve meses en resolver estas denuncias, señala que «la responsabilidad penal es estrictamente personal y, en este ámbito, dicha responsabilidad no puede surgir del mero apoyo político o logístico a las acciones bélicas de la coalición».
En este sentido, señala que los hechos presuntamente delictivos denunciados fueron realizados por fuerzas estadounidenses y británicas, pero no por las españolas, que son las únicas que se encuentran bajo la dirección y control de los querellados.Asimismo, en cuanto a la imputación de que Aznar introdujo a España en la guerra sin la autorización de las Cortes Generales prevista en el artículo 63.3 de la Constitución, el Supremo señala que dicho delito se encuadra en los de traición recogidos en el Código Penal, por lo que la acusación sólo puede plantearse por la cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados, y aprobarse por mayoría absoluta de la Cámara Baja, lo que no ha ocurrido en este caso.
En segundo lugar, el Supremo examina la acusación por delitos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. La Sala destaca que dichos hechos no son imputables ni a Aznar, ni a Trillo ni a Palacio, «pues se trata de actividades supuestamente realizadas por fuerzas norteamericanas y británicas».