El Gobierno y el PSOE expresaron ayer su respeto al plazo dado por el Tribunal Constitucional para que se puedan presentar alegaciones en torno a una posible suspensión del Plan Ibarretxe, una decisión que desde el Gobierno Vasco se consideró como una oportunidad para que el Ejecutivo subsane errores en su impugnación.
El Constitucional acordó el jueves emplazar al Gobierno y al Ejecutivo y Parlamento vascos para que presenten alegaciones antes de decidir si admite a trámite la impugnación del Gobierno central al «Plan Ibarretxe», tanto en lo referente a su aprobación en el Consejo de Gobierno, el 25 de octubre, como al acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco de 4 de noviembre mediante el que se admite a trámite dicha propuesta.
El portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, afirmó en la comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros que «sean cuales sean las decisiones del TC, como siempre, contarán con el respeto del Gobierno», no como «otros» que «respetan o no» las decisiones «en función de que coincidan o no con sus intereses».
Zaplana además aseguró que la reforma del Código Penal para penar la convocatoria de un referéndum en Euskadi no pretende «plantar cara a nadie» sino que se cumpla la Ley y evitar que «cualquiera pueda violentarla a su capricho».