La noticia de la apertura de causa penal c ontra Laínsa por los vertidos realizados al torrente de Trebalúger, adelantada ayer por este diario, fue recibida con cautela por los representantes del GOB y del Ajuntament de Ferreries.
El presidente del grupo ecologista, Sergi Marí, lamentó ayer que «las noticias sobre cuestiones medioambientales provengan, una vez más, de los juzgados». «Preferiría que estos casos fuesen excepcionales en Menorca. Siempre he defendido que el medio ambiente debe ser un buen sustrato para hacer negocios rentables», expresó.
Sergi Marí no quiso entrar a valorar la actuación del fiscal de Medi Ambient de Balears, Adrián Salazar, que ha dado lugar a la apertura de la causa por parte del Juzgado de Ciutadella. «No vamos a prejuzgar los hechos», indicó. «Sería ridículo que lo hiciéramos. Ahora corresponde al juez hacer su labor».
El presidente del GOB explicó que «nos hemos limitado a jugar un papel responsable como ciudadanos. Esperemos que la autoridad judicial arroje luz sobre el caso. No puedo añadir nada más».
Igual de escueto se mostró el alcalde de Ferreries, Josep Carreras. El primer edil del municipio recordó que «el Ajuntament ya hizo su trabajo con la publicación del decreto de Alcaldía que ordenó el cese de los vertidos». Carreras explicó que el consistorio «no quiere entrar ni salir» en la decisión que ha adoptado el Juzgado.
El alcalde destacó, no obstante, la buena voluntad demostrada por la empresa después que trascendieran las denuncias del GOB y comentó que el ingeniero de la empresa ha recibido la orden del accionariado de adoptar las medidas correctoras para evitar que este tipo de vertidos vuelvan a producirse.
Lavandería Insular SA (Laínsa) está participada por las empresas Promoción y Desarrollo Turístico de Menorca (Protumesa), que tiene el 60% de las acciones, y Sur Menorca SA(Surmensa), que retiene en sus manos el 40%.