El presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, insistió ayer en apuntar a la falta de regulaciones específicas como causa de las irregularidades producidas en la contabilidad de los partidos políticos, al tiempo que denunció una serie de aportaciones desde Catalunya y País Vasco no recogidas en la ley, tal y como se desprende del último informe de fiscalización correspondiente al ejercicio de 2001. No obstante, PP y PSOE se limitaron a acusarse mutuamente de frenar las modificaciónes en la Ley de Financiación de los Partidos Políticos que el Tribunal ya reclamó.
Durante su comparecencia en la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas, celebrada ayer en el Senado, Nieto realizó un repaso al informe aprobado por el Pleno del Tribunal el pasado mes de septiembre e insistió en la moción aprobada por este mismo órgano en junio del pasado año, donde se instaba al Gobierno a la reforma legal de la normativa de financiación de los partidos.
Según las informaciones obtenidas por el Tribunal, en 2001 la financiación pública para funcionamiento ordinario de partidos se elevó a 150 millones de euros. En esta cifra están incluidas dos aportaciones no incluidas entre las fuentes de financiación pública: 36,7 millones procedentes de las corporaciones locales para subvencionar a los grupos constituidos en las mismas; y 3,6 millones procedentes del Gobierno vasco para el funcionamiento de las formaciones con representación en el Parlamento.
Asimismo, el Parlament de Catalunya concedió asignaciones extraordinarias a los grupos del Parlament que se elevaron a 3 millones de euros, importe que procede a su vez de una transferencia del Gobierno catalán al propio Parlamento. De hecho, Nieto destacó que el TdC no ha recibido de la Generalitat información adecuada.