La base de este recurso es un informe del Servicio Jurídico del Estado que considera que el Plan vulnera la Constitución en más de cien puntos. El Ejecutivo, además, tiene intención de impugnar ante el Constitucional un eventual acuerdo del Parlamento vasco que acepte la tramitación del proyecto en la Cámara autonómica.
La decisión adoptada ayer por el Gobierno no será efectiva antes del próximo 4 de noviembre, fecha en la que la Mesa del Parlamento vasco tiene previsto estudiar la toma en consideración del Plan Ibarretxe. Desde ese momento, el Ejecutivo tiene un plazo de dos meses para presentar el recurso. El ministro de Justicia, José María Michavila, aseguró que se presentará «cuando se considere oportuno», sin más precisiones.
Michavila, que presentó en el Consejo de Ministros un informe del Servicio Jurídico del Estado que ha servido de base para este recurso, aseguró que en los últimos encuentros que han mantenido representantes del Gobierno y del PSOE se ha tratado esta cuestión.
El Gobierno considera que tiene capacidad jurídica para recurrir el Plan Ibarretxe por tratarse de un acuerdo del Ejecutivo autonómico vasco presentado como una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, de acuerdo con el artículo 46 de dicho texto legal. Pero en realidad, dijo Michavila, camufla una reforma constitucional que intenta de facto «una mutilación y una ruptura unilateral» con la Carta Magna en una parte del Estado.
El informe del Servicio Jurídico del Estado en que se basará el recurso, considera que la propuesta nacionalista hace más de cien quebrantamiento de la Constitución, que están agrupados en cinco materias: procedimientos constitucionales, instituciones, relaciones de reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, principios básicos de la democracia y valores esenciales de la Constitución.