El Gobierno vasco define el Plan Ibarretxe como «un nuevo pacto político para la convivencia». El borrador consta de un preámbulo, 69 artículos, dos disposiciones transitorias y una derogatoria y desarrolla la idea de un «nuevo estatus de libre asociación con el Estado Español». El paso final será un referéndum «en ausencia de violencia», incluso si la negociación con el Estado fracasa.
Identidad nacional y autodeterminación
El Estatuto de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi (nombre
oficial del Plan Ibarretxe) se basa en el derecho del pueblo vasco
a decidir su propio futuro.
Relaciones con Navarra y País Vasco
francés
Reformula la posibilidad, ya contemplada en el Estatuto de Gernika
y la Constitución, de que Navarra pueda incorporarse a la Comunidad
Libre Asociada de Euskadi. También se compromete a propiciar la
firma de los «Acuerdos y Tratados» precisos para que los
«territorios y comunidades vascas situadas a ambos lados de los
Pirineos» puedan «estrechar los especiales lazos históricos,
sociales y culturales».
Ciudadanía vasca
Se establece el «derecho a la nacionalidad vasca», con «plena
validez política, jurídica y administrativa» en la Comunidad Libre
Asociada. Se afirma que la nacionalidad vasca será compatible con
la nacionalidad española.
Poder Judicial propio
El Poder Judicial pasa a ser de los poderes de la Comunidad Libre
Asociada de Euskadi. Se crea la «organización judicial vasca», y el
Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, dónde se agotarían las
instancias procesales.
Relaciones con España
En el texto se señala que «no resultará de aplicación unilatera,
por parte del Estado, la previsión del art. 155 de la
Constitución», que prevé la suspensión de la autonomía.
Profundización del autogobierno
Se definen las «políticas privativas del Estado» (nacionalidad
española y extranjería, Defensa y Fuerzas Armadas, sistema
monetario, régimen aduanero, etc) y las «exclusivas» en el ámbito
de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi (legislación penal,
penitenciaria, mercantil, pesas y medidas, telecomunicaciones,
etc). Como «regla general», el resto de «competencias públicas»
corresponden a las instituciones vascas.
Además, se reconoce la capacidad de «establecer y regular» un «ámbito socio-laboral propio», con competencias plenas en el ámbito laboral. La Seguridad Social funcionará con un «presupuesto propio que incluirá la función recaudadora de las cotizacines sociales» en Euskadi y la gestión del patrimonio ubicado en su territorio. Recoge el principio de la «autonomía fiscal y financiera» de la Comunidad Libre Asociada.
Presencia en el ámbito internacional
Euskadi quiere reconocimiento propio en Europa. La Comunidad Libre
Asociada dispondrá de «representación directa en los órganos de la
UE». Además, atribuye a las instituciones vascas «la defensa y la
promoción de los intereses de los ciudadanos vascos, pudiendo
suscribir, a tal efecto, acuerdos con instituciones
internacionales».
Plazos para un referéndum
El nuevo Estatuto debería estar aprobado por mayoría absoluta en el
Parlamento vasco en septiembre de 2004. Después se abriría un
proceso negociador con el Estado -que no debería superar los seis
meses-, con la aprobación posterior de las Cortes Generales y del
Parlamento Vasco del resultado de la negociación y la aprobación
definitiva por la sociedad vasca en referéndum en 2005.