El defensor del Pueblo abogó ayer por la supresión del impuesto sobre sucesiones en todo el territorio nacional y que sea el Estado quien inicie la reforma y no las comunidades autónomas. Esta decisión ha sido tomada como consecuencia de diversas quejas recibidas sobre la actual regulación de este impuesto. Ante las mismas, el Defensor ha concluido que el impuesto sobre sucesiones necesita una reforma que cubra las actuales deficiencias técnicas y sociales que presenta su actual regulación.
Al tratarse de un tributo estatal, aunque cedido a las comunidades autónomas, debe ser el propio Estado quien inicie el proceso reformador y no que las comunidades decidan sobre un impuesto que no les pertenece, agrega en su nota el Defensor. De lo contrario, agrega, «nos encontraríamos con la aplicación desigual» de un mismo impuesto en todo el territorio nacional, aunque el principio de autonomía financiera lo permita.
A juicio de la institución, el actual sistema de recaudación provoca que los verdaderos contribuyentes del impuesto sean herederos que han recibido patrimonios medios o bajos y que no disponen de los recursos necesarios que les permita crear la estructura empresarial para eludir el gravamen.Agrega además que el actual sistema puede llegar a producir el efecto contrario del deseado pues se castiga el ahorro de las rentas del trabajo y de las rentas del capital y provoca que no se cumplan los principios de igualdad, progresividad y no confiscatoriedad que el artículo 31 de la Constitución establece.