El Gobierno argentino aseguró ayer que será ahora la justicia de su país la que resuelva las causas contra represores de la última dictadura militar, tras la decisión de España de no reclamar su extradición.
Por su parte, el juez de Buenos Aires Rodolfo Canicoba Corral dijo que espera una «comunicación oficial» sobre la resolución del Gobierno de Madrid para liberar a los 40 argentinos que permanecen detenidos a petición del magistrado español Baltasar Garzón.
La novedad proveniente de Madrid fue recibida con preocupación por las organizaciones argentinas de derechos humanos, que consideran «incierto» que se pueda enjuiciar en su país a los acusados de cometer crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1983.
El Gobierno español decidió no tramitar la extradición requerida por Garzón amparándose en el artículo 11 del acuerdo de extradición entre España y Argentina.