El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira presentó ayer un recurso contra el auto del juez Baltasar Garzón en el que solicita al Gobierno que reclame a Argentina la extradición de 26 militares argentinos, imputados por el magistrado español en delitos de terrorismo, genocidio y torturas cometidos durante la dictadura argentina, entre 1976 y 1983.
La Fiscalía reproduce los argumentos que empleó en su informe contrario a la petición de las extradiciones, que se resumen en negar la competencia de los tribunales españoles para entender de este caso, y en subrayar que la puesta en marcha en Argentina del proceso de nulidad de las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, hacen «innecesaria» la rápida intervención de la justicia española.
El recurso del fiscal, de 20 folios, es de reforma y subsidiario de apelación, es decir, que será resuelto en primera instancia por el juez Garzón, y, en caso de que éste lo rechace, como es previsible, se elevará a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tendrá la última palabra.
No obstante, el recurso del fiscal no paraliza la tramitación de las extradiciones, que el juez Garzón ha trasladado con carácter urgente al Ministerio de Justicia para que el Consejo de Ministros las remite cuanto antes a Argentina.