EFE/EUROPA PRESS-BILBAO
El presidente del PNV de Vizcaya y miembro del Euzkadi Buru Batzar,
Iñigo Urkullu, afirmó ayer que las actuaciones judiciales contra el
Parlamento Vasco por la no disolución del grupo de la antigua
Batasuna constituyen «un golpe de estado a la voluntad popular».
Urkullu se refirió así a la decisión de la Fiscalía General del
Estado de presentar una querella ante el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco contra el presidente del Parlamento vasco,
Juan María Atutxa (PNV), así como contra el vicepresidente primero
de la Cámara, Gorka Knorr (EA), y la secretaria segunda, Kontxi
Bilbao (IU-EB), por lo que el Ministerio Público considera un
delito de desobediencia ante la negativa de la Cámara a disolver al
grupo Sozialista Abertzaleak (SA).
El dirigente del PNV manifestó que, más allá de la repercusión de esa querella desde el punto de vista de las personas afectadas, a su partido le preocupa sobre todo «el golpe de estado a la voluntad popular» y la «tropelía que se está cometiendo con la sociedad vasca» con estas decisiones.
Iñigo Urkullu indicó que, en su reunión del próximo lunes, la ejecutiva que preside Xabier Arzalluz analizará «con cautela» tanto la última resolución del Tribunal Supremo sobre la disolución del grupo de la antigua Batasuna. El PNV estudiará también la propuesta efectuada por EA para la convocatoria de una manifestación «en defensa de las instituciones vascas» y «como respuesta inmediata a los intentos de desestabilización del País Vasco por parte del PP y del PSOE», según dijo ayer la presidenta de Eusko Alkartasuna, Begoña Errazti.
Por su parte, Izquierda Unida considera que la querella de la Fiscalía General del Estado es «un paso más en la escalada de confrontación entre el Ejecutivo Central y el Gobierno Vasco que hay que atajar cuanto antes». Según señaló esta formación política en un comunicado, la solución ante esta tensión creciente sólo puede devenir del diálogo y el acuerdo entre las partes para evitar que se deteriore aún más el respeto mutuo y la debida relación institucional entre los gobiernos e instituciones del País Vasco y del conjunto del Estado.En este sentido, afirmó que «la actuación del Fiscal General del Estado a través del señor Luzón parece responder más a los intereses partidistas del Gobierno que a la defensa del interés general de los ciudadanos y de las instituciones que democráticamente les representan como son los parlamentos». Por ello, IU reiteró su posición favorable a la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo al mismo tiempo que se interponga un conflicto de jurisdicción que aclare las respectivas competencias entre el legislativo y el poder judicial, de forma que se respeten las que ostentan respectivamente cada uno de ellos.
Finalmente, el coordinador general de IU-EB, Javier Madrazo, afirmó ayer en Bilbao que la sociedad vasca tendrá que «echarse a la calle masivamente en defensa de las instituciones y el autogobierno vasco, como hizo en el franquismo y la transición».