Tras una reunión celebrada ayer por la tarde durante dos horas en el Tribunal Supremo, los 16 miembros de la Sala Especial dictaron un auto en el que se acuerda, por unanimidad, adoptar un conjunto de medidas «para la material y definitiva ejecución de la disolución» de SA, decretada por este tribunal el pasado 20 de mayo.
El Supremo requiere al presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, a miembros de la Mesa y presidentes de Comisiones Permanentes «para que en lo sucesivo, bajo responsabilidad personal para el caso de incumplimiento, actúen en pleno acatamiento de lo judicialmente decidido el 20 de mayo de 2002, y en consecuencia impidan la presencia del grupo disuelto» y su actuación en la vida parlamentaria.
El Alto Tribunal pide además a Atutxa y a su letrado mayor-secretario general, bajo apercibimiento de proceder para el caso de desatención o incumplimiento, para que de inmediato se adopten las medidas necesarias para retirar al grupo parlamentario disuelto del disfrute de cuantos locales y medios materiales les fueron asignados.
Además, ordena el embargo de «cuantas subvenciones o fondos, públicos o privados, pertenezcan al grupo parlamentario autonómico disuelto, así como de los saldos de las cuentas corrientes que éste pudiera poseer en cualquier entidad de crédito».El auto, que será notificado hoy, requiere al interventor General del parlamento para que proceda a realizar las actuaciones oportunas para que se devuelvan «cuantas cantidades hayan sido entregadas al referido grupo disuelto a partir del día 20 de mayo de 2003, así como para que se abstenga de abonarle cantidad alguna en lo sucesivo, todo ello bajo apercibimiento de responsabilidad personal».