El PSOE presentó ayer por fin la anunciada querella por la crisis abierta en la Asamblea de Madrid. La denuncia socialista apunta a los dos diputados traidores, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez; su mentor, José Luis Balbás; el número dos del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada; y los constructores Francisco Vázquez y Francisco Bravo. En dicha querella, además de pedir prisión preventiva para los dos diputados electos, se menciona por primera vez desde el PSOE una operación urbanística en Villaviciosa de Odón. Balbás aseguró que él se incorporó a esta operación cuando el terreno ya estaba recalificado.
La querella del PSOE contra estas seis personas es por un supuesto delito de cohecho continuado, que podría ser ampliada a otras personas en el transcurso de la instrucción. Los querellados, explican los socialistas, conforman «una trama de corrupción política» que el fin de entregar la Presidencia de la Comunidad de Madrid al PP mediante «un golpe a la democracia».
Entre las medidas que el PSOE solicita al Tribunal, para evitar la destrucción de pruebas o nuevos actos de cohecho, está la prisión provisional para Tamayo y Sáez, así como la suspensión temporal de su condición de diputados electos. Esto supondría que ambos diputados electos perderían dicha condición y serían sustituidos por los dos siguientes de la lista del PSOE mientras la Justicia resuelve la cuestión.
El PSOE pretende que la Justicia actúe con rapidez, ya que «de nada valdría una magnífica sentencia dentro de cinco años», en palabras de Diego López Garrido. Los socialistas también critican que el Fiscal General del Estado no se haya pronunciado aún sobre este asunto. «Parece una tortuga paralítica cuando se trata de temas que afectan negativamente al Gobierno», dijo López Garrido.