El Tribunal Supremo acordó ayer dar un plazo de cinco días al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y a la Mesa de la Cámara autonómica para que disuelvan el Grupo Sozialista Abertzaleak. De no cumplir con su sentencia, el Supremo les acusará de un delito de desobediencia. El plazo de cinco días comenzará a contar desde el momento en que la Cámara vasca reciba oficialmente esta providencia del Supremo, algo que sucederá mañana o pasado. Mañana tomará la decisión definitiva el Parlamento, que ya tiene el informe jurídico que solicitó y que apuesta por el cambio del reglamento como la fórmula más adecuada.
La 'Sala del 61' del Supremo se reunió, al haber transcurrido quince días desde que decretó la disolución de Sozialista Abertzaleak y tras comprobar que el Parlamento vasco no ha cumplido con esta resolución. En esta reunión, se acordó dar un ultimátum de cinco días al presidente y a la Mesa del Parlamento para que ejecuten la sentencia.
Providencia
La providencia del Supremo incluye el apercibimiento a los dos
destinatarios, el propio Atutxa y la Mesa del Parlamento, de que,
si no cumplen la orden de disolución, se procederá judicialmente
contra ellos por un delito de desobediencia. Sería la Fiscalía
quien tendría que querellarse por este delito ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, instancia competente para
investigar a los diputados autonómicos en el ejercicio de sus
funciones.
El Supremo ha remitido por fax la resolución al Parlamento vasco, aunque el plazo no comenzará a contar hasta que la Cámara reciba oficialmente la providencia por correo ordinario, algo que está previsto que suceda antes del sábado. En ese caso, el ultimátum vencería el próximo viernes.
Si finalmente la Mesa del Parlamento vasco decide disolver Sozialista Abertzaleak, cumplirá sobradamente con los plazos dados por el Supremo. La Mesa de la Cámara se reunirá de forma extraordinaria hoy para debatir sobre el informe jurídico que encargó el Parlamento vasco, adelantando dicha reunión, que de forma ordinaria se habría producido el martes de la próxima semana.
El informe, ya completo, deja claro que todas las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes son de obligado cumplimiento. Por eso, apuesta por la modificación del Reglamento como la forma más adecuada para resolver el Grupo de Batasuna. Una de las desventajas de este camino es su lentitud.
El portavoz del PNV, Joseba Egibar, acusó al Estado español de no buscar la disolución de Sozialista Abertzaleak, sino que el Parlamento vasco «hinque la rodilla» y doblegue su voluntad. El vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento vasco, Gorka Knörr, advirtió de que no acepta ninguna coacción y dice que la decisión «huele a dictadura franquista».
Los cinco días que el Tribunal Supremo ha establecido de plazo serían, «en principio, de imposible incumplimiento», según informaron fuentes parlamentarias.
Las mismas fuentes precisaron que, para ello, hay que modificar el reglamento y los plazos que se contemplan en las normas de la Cámara, aún recurriendo al carácter de urgencia, rebasarían los días previstos por el Supremo. En este sentido, confían en que, el fiscal no iniciaría actuaciones contra el Parlamento, si éste iniciara el proceso de reforma reglamentaria.