OTR/PRESS/EFEMADRID
Tal y como anunció el presidente del Gobierno, José María Aznar, el
Ministerio del Interior remitió ayer al Consejo de Ministros un
informe con las propuestas para reformar la Ley de Extranjería que
ha sido remitido al Consejo de Estado. Además de las novedades que
ha ido avanzando el Gobierno en los últimos días, el texto pretende
acabar con el fraude simplificando los trámites y eliminando
intermediarios, de manera que el propio inmigrante se pueda
gestionar gran parte de su documentación. Mientras, el PSOE subrayó
el fracaso de la política del Gobierno y recordó que este año sólo
se ha cubierto el 18 por ciento de las plazas del contingente.
La reforma que prepara el Gobierno se basa fundamentalmente en la simplificación de los trámites para favorecer las inmigración legal y estrechar el cerco a la inmigración ilegal. Así, el visado no hará necesario expedir paralelamente un permiso de trabajo y otro de residencia y determinadas gestiones tendrán que ser llevadas a cabo necesariamente por el interesado, de manera que no haya lugar para organizaciones que se lucran con este colectivo operando como gestorías.
El PSOE interpreta esta nueva reforma de la Ley de Extranjería como la evidencia del fracaso del Gobierno y denunció que hasta el 20 de mayo sólo se habían cubierto el 18 por ciento de los puestos ofertados en el contingente de trabajadores extranjeros. Según aseguró la secretaria de políticas sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí,el Ejecutivo con su política «estrangula la inmigración regular y potencia la irregular».
CiU, único partido que junto a Coalición Canaria apoyó la reforma impulsada por el Gobierno tras las elecciones del 2000, advirtió de nuevo al Ejecutivo de que esta vez no contará con su voto si no permite que la Generalitat establezca el cupo de residencia de extranjeros en Catalunya. También habló el ex ministro de Trabajo Manuel Pimentel, quien consideró que aprobar esta reforma a dos días de las elecciones indica falta de voluntad de consenso.