La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto la polémica con la decisión que tomó en la reunión del lunes por la noche: prohibir la presencia de mensajes como el «No a la guerra» en los colegios electorales y sus inmediaciones por considerar que tiene connotaciones políticas. El Gobierno ha mostrado su respeto por la decisión, mientras que la reacción más crítica ha sido la del coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, quien pidió que no se celebre el Consejo de Ministros por ser igualmente propagandístico. El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, respaldó la prohibición porque el 25-M sobran «comentarios políticos».
La decisión de la Junta se ha tomado tras la pregunta del presidente de la Junta Electoral Provincial de Valencia, que consultó si los apoderados, interventores y miembros de las Mesas pueden portar el lema de «No a la guerra» en pegatinas, camisetas u otros objetos, así como que se coloquen carteles en los colegios electorales o en sus inmediaciones.
En la reunión que celebró el lunes por la noche, la JEC acordó trasladar a todas las provinciales que interventores y apoderados sólo pueden portar «emblemas o símbolos que permitan su identificación por aquellos electores que necesiten la asistencia de dichos interventores o apoderados para alguna actuación electoral».Es decir, que queda prohibida la utilización de leyendas, símbolos, emblemas o lemas que directa o indirectamente se puedan considerar parte de esta campaña electoral. La Junta considera así que el «No a la guerra» tiene «connotaciones políticas» que no podrán verse ni en los colegios electorales ni en sus inmediaciones.
Frente a la postura del secretario general del PP, Javier Arenas, que afirma que lo único que hay que llevar ese día es el documento que acredita como interventor, Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, anunció que su formación recurrirá esta decisión y en caso de que la Junta Electoral no rectifique pedirá la suspensión del Consejo de Ministros del próximo viernes. El motivo es la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería, que Llamazares considera que se hace por interés electoral, ya que podría realizarse después del 25-M.