El ministro de Interior, Angel Acebes, explicó ayer con más detalle la reforma de la ley de extranjería y destacó las nuevas obligaciones de los transportistas para evitar que extranjeros «con la apariencia de turistas» a los tres meses se conviertan en ilegales.
Para ello, en la reforma se establece la posibilidad de obligar a las compañías aéreas a facilitar la lista del pasaje para detectar los «vuelos calientes» -usados sistemáticamente por la inmigración ilegal- y a informar de las personas que no utilizan su billete de vuelta. La medida está contenida en una directiva que está negociando el Gobierno español con la UE y que contempla además sanciones de entre 3.000 y 5.000 euros para las que no colaboren.
Las compañías aéreas deberán además hacerse cargo del retorno del ilegal al lugar del que éste salió (no necesariamente su país de origen) y si no colaboran se fija el cuadro de sanciones, según el cual la empresa deberá abonar 500 euros por cada pasajero rechazado.Así, de aprobarse el texto en el seno de la Unión, las compañías aéreas deberán facilitar la identidad de los pasajeros del embarque y comunicar en el plazo de 48 horas los nombres de los pasajeros que no han regresado a su país el día estipulado en el billete.
El Gobierno también pretende que, tal y como está recogido en algunas directivas europeas, las aerolíneas se hagan responsables de la repatriación de los inmigrantes en tránsito que no sean aceptados en el país de destino.
El gerente de la Asocición de las Líneas Aéreas que operan en España, Julián Fernández, no quiso valorar la medida, aunque reconoció que están manteniendo contactos y cambio de impresiones con el Ejecutivo para valorar la cuestión.
Fuentes de Iberia aseguraron que su postura es irrelevante y no tienen más remedio que acatar las normas que les vienen impuestas de fuera. Al igual que lo que sucede en Estados Unidos, «lo único que puede hacer Iberia es informar a los clientes de que sus datos van a ser puestos a disposición de las autoridades».