Los juicios rápidos, que permitirán juzgar en un máximo de quince días las infracciones penales menos graves, arrancaron ayer con problemas técnicos -especialmente en Madrid, donde no funcionó la agenda electrónica de señalamientos-, aunque las incidencias técnicas estuvieron también presentes en otras localidades, como Málaga y Barcelona, donde el fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, admitió que «ha habido un relativo desconcierto general y un razonable nerviosismo, y entre críticas de funcionarios, abogados, jueces y fiscales.
Pese a todo, el ministro de Justicia, José María Michavila, que dijo que hoy (por ayer) es «un magnífico día» para el sistema judicial español, aseguró que «todo ha funcionado como estaba previsto» y subrayó el «extraordinario» esfuerzo de todos los colectivos implicados, si bien reconoció que será necesario un cierto período de «rodaje».Además, arremetió contra el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, uno de los más críticos con el nuevo sistema, del que dijo que «se ha manifestado en rebeldía» y no dudó de que hará «todo lo posible» para que «falle todo».
Michavila se mostró convencido de que los fiscales de Madrid se «ganarán el sueldo» y aplicarán una ley que aprobaron las Cortes por unanimidad, que, además, cuenta con el beneplácito de las siete autonomías con competencias en materia de Justicia y los otros 16 fiscales jefes de España.
Sobre los problemas informáticos detectados, el ministro recordó que ayer se estableció una red que conecta 2.100 puestos de la Guardia Civil, 250 comisarías, 1.368 juzgados penales, 70 fiscalías y 83 colegios de abogados, y aseguró que, «además de lo que pueda decir el fiscal jefe de Madrid, el sistema en su conjunto ha funcionado bien».