El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, aseguró ayer que el Gobierno «no ve en absoluto prioritario» reformar los Estatutos de Autonomía porque no hay «una demanda social que lo exija», en especial en Catalunya, aunque advirtió de que el Ejecutivo no apoyará ninguna modificación que se salga de la Constitución. En este sentido, denunció la existencia de «una ofensiva nacionalista» en Catalunya y País Vasco con proyectos que «no tienen cabida en el marco constitucional».
Arenas, que compareció en rueda de prensa, explicó que la Carta Magna fue fruto de un consenso nacional entre las fuerzas políticas y las Comunidades, y que «no caben reformas unilaterales» de la Constitución, refiriéndose a los dos proyectos del presidente del PSC, Pascual Maragall, y del 'conseller en cap', Artur Mas. En este sentido, recalcó que la «ofensiva nacionalista» catalana y vasca se hace «más intensa ante la proximidad de las elecciones generales» aunque reconoció que estas iniciativas «sí preocupan en terminos de estabilidad y cohesión institucional».
Sobre las pretensiones de Maragall y Mas, Arenas los considera «una ofensiva o carrera de fondo para llegar a la meta y ser más nacionalista que nadie» pero que el Gobierno responderá «con el Estatuto y la Constitución porque siguen plenamente vigentes». El ministro dijo que el PP y el Gobierno nunca ha hablado de una ruptura de relaciones con CiU, sino que es la formación nacionalista catalana quien lo hace desde hace meses.
Así, subrayó que los acuerdos de los 'populares' con los nacionalistas están basados en el compromiso adquirido en el debate de investidura de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat y que actualmente «no se está respetando ese compromiso». El titular de Administraciones Públicas recalcó que actualmente «es la hora de la cooperación, la cohesión y la corresponsabilidad» de las Comunidades Autónomas «dentro de un marco de lealtad institucional» ya que, a su juicio, el Gobierno puede demostrar que el proceso de descentralización política consagrado en la Constitución «está prácticamente culminado».