La Audiencia Provincial de Àlava ha condenado a los ex directores del Cesid Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón Fernández a tres años de cárcel para cada uno por las escuchas a la sede de Herri Batasuna en Vitoria, descubiertas por esta coalición el 31 de marzo de 1998. La Audiencia condena también a los dos agentes del Cesid Mario Cantero y Francisco Buján a dos años y seis meses de prisión para cada uno. El tribunal absuelve a los otros supuestos agentes del Cesid Víctor Casterán y Felipe Millán García, que fueron procesados a petición de las acusaciones particulares.
Manglano y Calderón, además de la pena de cárcel, deberán afrontar una multa de veinte meses a razón de 18 euros por día y a la inhabilitación absoluta por ocho años. Cantero y Buján, además de la pena de privación de libertad han sido condenados a pagar una multa de 18 meses a doce euros por día, así como a la inhabilitación absoluta por seis años.
La sentencia de la Audiencia Provincial establece además una indemnización solidaria a favor de las tres personas que denunciaron las escuchas de seis mil euros para cada uno de ellos, así como la responsabilidad civil del Estado. Ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Àlava cabe un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en cinco días desde el siguiente al de su notificación. El juicio por estas escuchas por las que se han condenado a cuatro miembros del Cesid por un delito de escuchas ilegales, se celebró en la Audiencia Provincial entre los pasados 10 y 13 de marzo. Tras la vista oral, el Fiscal mantuvo su petición de cárcel para Cantero y Bujan, mientras que la acusación particular solicitó cuatro años de prisión para Manglano y Calderón, y 3 años, siete meses y quince días para los supuestos agentes de los servicios de inteligencia militar. La Audiencia establece como probado que encima de la sede de Herri Batasuna de Vitoria, el Cesid alquiló una vivienda y luego la compró, y que desde ella «se realizaban escuchas telefónicas de las conversaciones que realizaban personas que habitualmente estaban en la sede de Herri Batsuna», al menos durante tres años. También se da por probado que el Centro Superior de Informaciones de la Defensa tenía otro piso alquilado frente a la sede de Herri Batasuna, desde el que se filmaba y fotografiaba a quienes entraban en dicha sede, actividad de la que era responsable Víctor Casterán.
La Audiencia sostiene que al tratarse de un lugar público esta actuación del Cesid no fue ilícita. En su sentencia, el magistrado reconoce que la instrucción de este caso ha resultado «muy complicada, además de lenta y poco fructífera». La Fiscalía y el Abogado del Estado recurrirán la sentencia de la Audiencia Provincial de Alava, según fuentes jurídicas.