El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, aseguró ayer que la ilegalización de Batasuna «no hará desaparecer a ETA», así como que «vulnera el pluralismo político», por lo que emplazó a la sociedad vasca a defender, «con contundencia, la libertad de asociación y el derecho a la vida».
Imaz hizo pública la posición oficial del Gobierno vasco respecto de la sentencia de ilegalización de Batasuna, anunciada el lunes por el Tribunal Supremo, y adelantó que el Ejecutivo que preside Juan José Ibarretxe está decidido a «agotar todas las vías legales» en contra de la Ley de Partidos. Imaz incidió en que la decisión del Tribunal Supremo de ilegalizar a Batasuna «no traerá la paz y sólo contribuirá a dar oxígeno a los que se encontraban en una fase terminal». Consideró que, con esta decisión judicial, «se ha amputado de la sociedad una alternativa ideológica» que, según dijo, «puede coincidir con las ideas de los terroristas, pero no ejerce el terrorismo».
Agregó que «no fortalece la democracia, sino que la debilita», ya que «no se puede recortar la libertad para intentar lograr mayor seguridad» y subrayó que «no es verdad que el terrorismo vaya a desaparecer porque se recorten las libertades». «La ilegalización de Batasuna no traerá la desaparición de ETA y nadie que se sienta o esté amenazado es a partir de hoy más libre», opinó.
Imaz estimó que la ilegalización, además de «no ayudar a la solución, vulnera el pluralismo político», por lo que emplazó a la sociedad vasca a «defender con contundencia la libertad de asociación, así como el derecho a la vida y, especialmente, los derechos de las personas amenazadas por la violencia y terrorismo» «La mayoría social vasca defiende el diálogo y no la imposición y cree que al terrorismo no se le vence recortando la libertad, sino ampliándola», argumentó.
Asimismo señaló que un Estado de Derecho debe tener «la misma firmeza para erradicar el terrorismo» que para «mantener sus propios principios democráticos» y avanzó que el Gobierno Vasco tiene «una apuesta clara por agotar todas las vías legales» en contra de la Ley de Partidos.En este sentido, explicó que el Ejecutivo autonómico está «analizando seriamente» la posibilidad de recurrir al Tribunal Europeo, así como la de apelar a la Convención Europea de Derechos Humanos.
Tras incidir que «Francia ha ido oídos sordos» a la «ilegalización promovida por el señor Aznar, dejando en entredicho al Estado de Derecho», confió en que «Europa acabará por poner las cosas en su sitio» en esta materia.