El Consejo General del Poder Judicial archivó ayer las denuncias presentadas por el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkárraga, y por el periódico clausurado 'Egunkaria', contra el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo. Le acusaban de haber pactado una nota de prensa con el Ministerio del Interior sobre la operación policial en la que fueron detenidos diez responsables del diario.
El portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó que la Comisión Disciplinaria había acordado, por 3 votos a 2, asumir la propuesta del Servicio de Inspección del Consejo y archivar las denuncias, al entender que no existe indicio alguno de responsabilidad disciplinaria en la actuación del juez.
Las diligencias del Servicio de Inspección consistieron en recabar un informe del juez Del Olmo, instructor del 'caso Egunkaria', para que explicara los hechos objeto de denuncia. El magistrado informó en ese escrito que la polémica nota de prensa fue redactada por miembros de la Policía Judicial, quienes le pidieron permiso a él para distribuirla entre los medios de comunicación. El juez se limitó a comprobar que el contenido de la nota no afectaba al secreto del sumario ni podía entorpercer la investigación criminal.
Los dos vocales discrepantes, Fernando Salinas y Félix Pantoja, de la minoría progresista, proponían ampliar las diligencias para pedir un informe al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, sobre lo sucedido.
Por otra parte, el magistrado de la Audiencia Nacional Juan del Olmo remitió ayer un mandamiento al Gobierno vasco para «inmovilizar y bloquear» las subvenciones pendientes de percibir por Egunkaria. El diario euskaldun clausurado ha recibido ya el 85 por ciento de la ayuda que se le concedió en 2002, es decir, 1.455.440 euros, por lo que le quedarían pendientes de pago 256.843 euros, según informaron fuentes.El total de la subvención que se concedió el pasado año ascendió a 1.712.283,29 euros y en el mes de enero ya se procedió al abono del 85 por ciento de esta cantidad. El resto no podrá ser remitido al diario tras la orden del juez Del Olmo, aunque, según precisó el Ejecutivo autónomo, tampoco se podría haber materilizado la ayuda al haberse cerrado las empresas de Egunkaria.