La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer que se querellará contra el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, por un delito de injurias al Rey. Otegi se refirió al monarca como el «jefe de los torturadores». Otegi, tras inaugurar el pasado miércoles el Rey junto con el lehendakari Ibarretxe las instalaciones de Bahía de Bizkaia, consideró lamentable que el dirigente nacionalista acudiese al acto con «el jefe de los torturadores, jefe supremo de las fuerzas armadas españolas y, por tanto de la Guardia Civil, cuerpo al que los abertzales acusan de haber practicado malos tratos a los detenidos tras el cierre de 'Egunkaria'.
La Fiscalía del Estado remitió a la Fiscalía de la Audiencia las declaraciones de Otegi, para que estudiase si son constitutivas de un delito de injurias al Rey, sancionado en el artículo 490.3 del Código Penal, que prevé una pena máxima de dos años de prisión en el caso de que se califique el delito como grave y de multa si se considera que es leve. Con toda seguridad, la Fiscalía presentará la querella el lunes, al estimar que esta sede judicial es competente para investigar delitos contra los titulares de la Corona.
No obstante, fuentes jurídicas estiman que el caso deberá ser enviado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ya que Otegi es aforado, dada su condición de parlamentario. La suspendida Batasuna insistió ayer en que el Rey «es el máximo y último responsable» de las torturas en el Estado español. Esta querella, a su juicio, «supone un ejemplo más del ensañamiento político con el que se actúa desde los cuarteles fascistas de Madrid».
De esa manera, Batasuna señaló que «lo dicho por Arnaldo Otegi, lejos de tratarse de una valoración política, no es más que la constatacion de un dato objetivo». «En el Estado español se tortura sistemáticamente, se ha torturado en el franquismo, en la mal llamada transición y, a día de hoy, con total impunidad. El responsable máximo y último de que esto suceda es el Rey español».
De otra parte, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, negó que los detenidos tras el cierre de 'Egunkaria' hayan sufrido torturas, y anunció que el Ejecutivo encargó informes jurídicos para determinar si las ayudas concedidas por el Ejecutivo vasco al diario son legales. Tras mostrarse «sorprendido» por las afirmaciones del Gobierno Vasco y representantes del PNV y EA que daban crédito a esas supuestas torturas, Rajoy recordó que la semana pasada Javier Balza «se quejaba» de que siempre que la Ertzaintza practicaba alguna detención a miembros próximos a ETA, enseguida se producían acusaciones de torturas.Respecto a la ayuda de 1'7 millones de euros concedida por el Ejecutivo vasco a 'Egunkaria', Rajoy consideró «inmoral y lamentable» que un Gobierno autonómico subvencione a un medio de comunicación al que los propios dirigentes del PNV relacionaban hasta hace poco con ETA. Rajoy lamentó la «incomprensión» por la clausura de Egunkaria, que, recordó, fue decretada por un juez y se mostró sorprendido por la iniciativa de CiU, que quiere insertar publicidad en el nuevo diario 'Egunero', como forma de «apoyar la libertad de expresión».
Mientras, la fiscal solicitó al juez que ratifique la clausura y suspensión de actividades de 'Egunkaria', cuyos representantes exigieron la inmediata reapertura del diario y juzgaron anticonstitucional su cierre.
También ayer, las defensas de los imputados recurrieron el auto de prisión dictado por el juez, al que solicitaron que deduzca testimonio de las denuncias de malos tratos hechas por algunos de ellos para que se investiguen.