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El Gobierno aprobó ayer un anteproyecto de Ley con el que pretende
impedir a las comunidades autónomas que complementen las pensiones
no contributivas, incluyéndolas junto con el resto de las
prestaciones públicas en el sistema de Seguridad Social. El
ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, aseguró que cuando entre en
vigor el anteproyecto de ley, «no se podrá, bajo ningún concepto,
elevar pensiones no contributivas», sino que «las ayudas
asistenciales tendrán que tener otro concepto». Es decir que las
autonomías podrán pagar ayudas asistenciales siempre y cuando no
utilicen el término pensiones.
Por otra parte, las comunidades autónomas no podrán establecer prestaciones que complementen las pensiones no contributivas, si sale adelante el Anteproyecto de Ley de Medidas Específicas en materia de Seguridad Social, que el Ejecutivo ha remitido al Consejo Económico y Social y al Consejo General del Poder Judicial. La Junta de Andalucía ha anunciado que seguirá complementando las prestaciones más bajas porque cuenta con el apoyo de una sentencia del Tribunal constitucional.
El texto modifica algunos artículos de la Ley General de la Seguridad Social y establece que cualquier prestación de carácter público que tenga por finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones económicas de la Seguridad Social forma parte del Sistema de la Seguridad Social. También explicó que se trata de garantizar los principios de unidad, solidaridad e igualdad en todo el territorio nacional y evitar las discriminaciones en la percepción de prestaciones en diferentes comunidades autónomas.
«Estos principios ayudarán a consolidar el efecto de un sistema único protector frente a la indefensión que resultaría ser sujeto de las decisiones de diferentes administraciones», añadió. El ministro explicó que no se va a impedir que las comunidades autónomas tomen las decisiones que estimen oportunas porque están en su derecho. No obstante, una vez aprobada la ley, si las comunidades autónomas toman alguna decisión que el Gobierno considera que puede ser recurrible, «entonces será cuando tengamos que resolver».
En este caso, advirtió, que el Gobierno «actuará en consecuencia con una normativa legal absolutamente clara». El anteproyecto de ley también introduce otras novedades como la modificación de la materia de cotización y recaudación, para establecer mayor flexibilidad en el pago de las cuotas. También se refiere a la confidencialidad de los datos de carácter personal de que disponga la Seguridad Social y a la reordenación de las prestaciones familiares por hijo a cargo y contempla la extensión de las prestaciones familiares a tanto alzado a los supuestos de adopción.