OTR/PRESS-A CORUÑA
La carrera judicial en busca de responsabilidades en la crisis del
'Prestige' ha comenzado. La Plataforma Nunca Máis interpuso el
martes en el Juzgado de Corcubión, una querella criminal contra los
que considera responsables de los daños causados por la catástrofe
del petrolero y lo ha hecho «en ejercicio del derecho
constitucional a la acción popular».
La querella se dirige, además de contra quienes decidieron sobre el rumbo del 'Prestige', contra las personas vinculadas a la propiedad, explotación y gobierno de la embarcación, es decir, la empresa Mare Shipping, propietaria del buque; la empresa Universe Maritiam, armadora; y a Apostolos Ioannis Mangouras, el capitán.
La Plataforma no se ha olvidado de acusar a aquellas otras personas que, desde la Administración, constituidos en gabinete de crisis, decidieron el destino del petrolero desde el siniestro. Así, ha involucrado a Arsenio Fernández de Mesa, delegado del Gobierno en Galicia; Àngel de Real Abella, Capitán Marítimo de A Coruña; y José Luis López Sors, director xeral de la Marina Mercante, «sin prejuicio de la responsabilidad de otras personas que puedan determinarse a lo largo de la instrucción».
El Comité Científico constituido para asesorar a la Comisión Interministerial que gestiona la crisis del 'Prestige', aseguró ayer que, después de haber sellado 17 de las fugas detectadas, el flujo de petróleo se ha reducido a entre una y dos toneladas diarias. Antes de comenzar las labores de sellado, la estimación del flujo de fuel era de 125 toneladas diarias (10 de diciembre), bajando a 80 toneladas diarias tras el sellado de las primeras fugas (8 de enero).
De otra parte, la Capitanía Marítima de Tarragona, que depende del Ministerio de Fomento, ha propuesto imponer una sanción de 30.000 euros al armador de los tres buques antifuel fletados por la Generalitat para ayudar en la limpieza de las costas gallegas por zarpar con unos certificados provisionales, según fuentes del departamento de Pesca.