OTR/PRESS-VITORIA/MADRID
Una gran mayoría de ciudadanos vascos, el 83,6%, se muestra
contrario a que se apliquen medidas judiciales como el cumplimiento
íntegro de las condenas o la cadena perpetua. Así se desprende de
un estudio realizado por la Universidad del País Vasco (UPV) que
ayer fue presentado y que se titula «Delincuencia y medidas
penales: ¿Cómo afectan a la sociedad vasca?». Se realizó sobre
entrevistas personales a 1.141 personas en noviembre de 2002, antes
de que el Gobierno anunciara su intención de aprobar medidas para
endurecer y hacer efectivo el cumplimiento íntegro de penas.
El director de la investigación, el profesor titular de Sociología de la UPV, César Manzanos, señaló que en el estudio se concluye que sólo un 5,7% de la población vasca considera necesaria la aplicación de otras penas más duras, como penas corporales, trabajos forzados, pena de muerte o destierro. Respecto al endurecimiento de las penas de cárcel con medidas como el cumplimiento íntegro de las condenas o la cadena perpetua, se muestran conformes un 16,4%, es decir, uno de cada seis residentes en Euskadi.
Por contra, las dos terceras partes de los ciudadanos vascos ven necesario buscar alternativas a la cárcel (61,3%) y tan sólo un 4,7% cree que el actual sistema de ejecución penal fundamentado en la privación libertad funciona bien tal y como está. En este informe se analiza la visión sobre el papel que la cárcel cumple en la lucha contra el delito. Casi la mitad de la ciudadanía (44,3%) piensa que la prisión no sirve «para nada» en la lucha contra el delito. Además, uno de cada cuatro cree que sirve más para los de fuera que para los reclusos, ya que consideran que cumple funciones de prevención general y disuasorias.
Por su parte, la Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial tiene ultimado un borrador de informe que avala la constitucionalidad del anteproyecto de ley del Gobierno para el cumplimiento íntegro de las penas por los presos terroristas y los autores de delitos graves, que incluye elevar el límite máximo de estancia en prisión de 30 a 40 años para los reclusos de ETA.
Fuentes del Consejo indicaron que los co-ponentes del informe, Adolfo Prego, vocal a propuesta del PP, y Luis Aguiar, designado a iniciativa del PSOE, tienen prácticamente consensuado un proyecto de dictamen y mantienen diferencias únicamente frente a dos aspectos de la ley. No obstante, el informe deberá ser aprobado en la Comisión de Estudios, el próximo jueves, y posteriormente en un Pleno extraordinario del CGPJ, el próximo 4 de febrero.