El Pleno de la Sala especial del Tribunal Supremo que estudia la ilegalización de Batasuna acordó ayer, por unanimidad, aceptar todas las pruebas propuestas tanto por el partido político demandado, como por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, como demandantes. El tribunal comenzará el próximo 8 de enero, en sesiones abiertas a la prensa y al público en general, a interrogar a la treintena de testigos cuya declaración han solicitado las partes.
La prueba testifical arrancará, en el marco del Salón de Plenos del Supremo, con las declaraciones de ertzainas y guardias civiles propuestos por la Fiscalía. El tribunal ha previsto medidas de seguridad para evitar que se conozca su identidad o su imagen, ya que declararán en calidad de testigos protegidos.
Los guardias civiles que testificarán son los que fotografiaron, entre el 9 y el 11 de agosto de este año, un total de 39 ayuntamientos del País Vasco, gobernados por Batasuna, en cuyas fachadas había símbolos de Gestoras pro Amnistía, organización ilegalizada por el juez Baltasar Garzón, o carteles con la imagen de presos de ETA y los días que les faltan para salir de la cárcel.
En cuanto a los ertzainas, declararán como testigos los autores del atestado sobre la manifestación convocada por Batasuna en San Sebastián, el pasado 15 de agosto, en favor de la bandera vasca, en la cual se corearon gritos a favor de la lucha como «Dale hasta ganar», «La lucha es el único camino», e «Ikurriña sí, española no», antes de que fuese quemada una bandera española. Otros ertzainas citados son los que escribieron el atestado de otra manifestación, celebrada el 17 de agosto de 2002 en San Sebastián, en homenaje al preso Patxi Eskisabel.