El proceso para la ilegalización de Batasuna sigue abierto. Ayer mismo, la Abogacía del Estado presentó ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, encargada de este proceso de ilegalización, las pruebas que ha recopilado contra la coalición abertzale. Así lo anunciaba ayer el ministro de Justicia, José María Michavila, que mostraba, además, su deseo de que el Alto Tribunal declare ilegal a Batasuna el próximo mes de febrero.
El ministro considera «muy importantes» las aportaciones realizadas por la Abogacía del Estado que se unen a los centenares de pruebas que ya aportaron el pasado 3 de septiembre en sus demandas de ilegalización la Fiscalía General y la propia Abogacía. Entre las citadas pruebas se incluye una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la que se condena al Ayuntamiento de Rentería (Guipúzcoa), «que quería pagar con dinero público, de todos los ciudadanos, la fianza de un terrorista».
Además, se aportan pruebas de cómo distintos consistorios gobernados por Batasuna destinan dinero público a pagar los viajes y la estancia de los familiares de presos de la banda terrorista que se desplazan a las cárceles. Otra de las cuestiones aportadas por la Abogacía del Estado es el último auto del titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por el que «se imputa a 20 personas de Batasuna como responsables del entramado terrorista etarra».
Asímismo, la fuga del diputado de EH en el Parlamento vasco, Josu Urrutikoetxea Bengoetxe, alias 'Josu Ternera', es otra de las pruebas que se aportan para solicitar la ilegalización de la coalición abertzale. «Es un hecho muy relevante a estos efectos de la ilegalización el que el señor Ternera, un portavoz relevante de Batasuna, sea hoy un prófugo de la Justicia y no dé la cara ante el Estado de Derecho, que le acusa por horrendos crímenes de terrorismo», apuntó Michavila.