El Tribunal Supremo se ha mostrado contrario a que se conceda el indulto total del ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y de los otros cuatro condenados por los secuestros y asesinatos de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, en 1983. Según fuentes jurídicas, el Supremo, como tribunal sentenciador, ha remitido al Ministerio de Justicia un informe desfavorable a las peticiones de indulto para Galindo, para el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga y para los ex agentes Angel Vaquero, Felipe Bayo y Enrique Dorado.
Entre los argumentos esgrimidos para rechazar la concesión de gracia se destaca «la extraordinaria gravedad de los hechos y consecuentemente de las penas impuestas», ya que fueron condenados a penas de entre 75 y 71 años de prisión, y recuerda que pueden acogerse a los posibles beneficios penitenciarios.
En el informe, Joaquín Delgado, el magistrado ponente de la sentencia del Supremo, que aumentó en cuatro años las penas fijadas por la Audiencia Nacional, recordó que en este caso se dan las circunstancias que se tuvieron en cuenta en otros sumarios, como el «caso Marey», para conceder el indulto parcial a José Barrionuevo y a Rafael Vera. Entonces, se valoró para otorgar esta medida de gracia que los «muchos años transcurridos» desde la ejecución de los hechos hasta que se juzgaron y el haber desaparecido el peligro de nuevos hechos delictivos.
El informe del Supremo explica que en el «caso Lasa-Zabala» también han pasado casi veinte años y han desaparecido las circunstancias concurrentes en el momento de la comisión, así como la posibilidad de vayan a cometerse nuevos hechos delictivos similares, pero ha pesado más para oponerse al indulto la «extraordinaria gravedad de los hechos» y las altas penas que les fueron impuestas por éstos. Rodríguez Galindo fue condenado por la Audiencia Nacional el 26 de abril de 2000 a 71 años de prisión, que el Supremo aumentó a 75 años al apreciar la agravante de prevalerse del carácter público respecto de los delitos de detención ilegal.