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El Gobierno vasco espera que el dictamen de Cardenal sirva de barrera a Garzón

El PNV cree que el fiscal general permite que no se disuelva el grupo Batasuna

EFE/EUROPA PRESS-BILBAO
El portavoz del Gobierno Vasco Josu Jon Imaz, afirmó ayer el fiscal general del Estado advirtió el viernes al juez Baltasar Garzón que «no todas sus resoluciones están ajustadas a la legalidad» y confió en que «sirva de barrera de contención» a los autos que está adoptando dicho magistrado. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, manifestó el viernes su consideración de que no hubo desobediencia de la Mesa del Parlamento vasco y de las Juntas Generales de Vizcaya al no suspender al grupo de Batasuna, y que tal decisión adoptada por las Cámaras vascas fue ajustada a la Ley.

Imaz explicó que «Cardenal ha dicho que los miembros de la Mesa del Parlamento de PNV, EA e IU, junto al presidente Juan María Atutxa, tenían razón» al no suspender al grupo de Socialistas Abertzales (antes Batasuna), ya que esas resoluciones de la Audiencia Nacional «afectaban a un partido, pero los grupos parlamentarios son otra cosa».

El portavoz del Gobierno opinó que este dictamen de Cardenal «ha sido una barrera de contención a las medidas que estaba tomando Garzón». Añadió que «los ciudadanos elegimos a personas para que nos representen en los parlamentos y los derechos de esos electores en elegir a sus representantes no pueden estar al albor de otro tipo de decisiones adoptadas en otra jurisdicción».

Imaz dijo tener «la impresión de que muchas veces, las resoluciones de Garzón no están ajustadas a Derecho y no podemos olvidar que muchas de las actuaciones de ese juez no han sido luego resoluciones en firme y tuvieron que ser corregidas por el propio ámbito jurisdiccional, como el primer encarcelamiento de la Mesa Nacional de Euskal Herritarrok». El parlamentario del PNV y ex miembro del Consejo General del Poder Judicial, Emilio Olabarria, afirmó ayer que el informe de Jesús Cardenal abre la vía para que se presenten mociones o proposiciones para revocar la decisión de las instituciones que acordaron la suspensión de Batasuna (Juntas Generales de Alava, ayuntamiento de Vitoria y Parlamento de Navarra).

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