El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, comunicó ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que estima que no hay delito de desobediencia en la negativa de la Mesa del Parlamento vasco y de las Juntas Generales de Vizcaya de aplicar el auto de suspensión de actividades de Batasuna.
En un informe remitido al magistrado, Cardenal explica que «la suspensión judicialmente decretada de los partidos políticos HB-EH-Batasuna no implica automáticamente la de los Grupos Parlamentarios o Junteros relacionados, pues está última exige una decisión propia de cada Cámara, tal y como se reconoce, además, en los autos del Juzgado Central de Instrucción número 5».
Recuerda también que la «reciente» Ley de Partidos «al regular la medida de suspensión judicial de los partidos políticos no la hace extensible a los grupos parlamentarios, sin duda por cuanto el legislador reconoce que estamos en presencia de dos realidades jurídicas diferentes».
Según el auto de suspensión de actividades de Batasuna, parte del cual reproduce Cardenal en su escrito, «en cuanto» a las actividades que desarrolla la formación como grupo en el seno del Parlamento, Diputaciones Forales, Juntas Generales y Ayuntamientos del País Vasco y Navarra, «se deja al arbitrio de esas instituciones y según las reglas que rijan el funcionamiento y la efectividad de la medida de suspensión del grupo como tal, en el interior de aquellas».