El Gobierno cree que la Fiscalía General del Estado ha dado luz verde al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para tomar medidas contra la Mesa del Parlamento vasco. El fiscal general, Jesús Cardenal, ha encargado al fiscal encargado del 'caso Batasuna' el informe que determine si la Cámara autonómica ha incurrido en algún delito al no disolver el Grupo de la formación abertzale en Vitoria, como ordenó el magistrado en su auto del pasado mes de agosto.
A la espera de la decisión que tome tanto el fiscal general como el juez Garzón, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, abrió el enfrentamiento con los nacionalistas. Según dijo, tienen sus «esperanzas» de ver procesados tanto a Ibarretxe, como al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por incumplimiento de ley ante los autos del juez Garzón. «Si todos hiciéramos lo mismo», señaló en referencia a los dirigentes nacionalistas, «la Justicia sería un cachondeo, y no lo es».
El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, eludió valorar las palabras de Villar hasta en dos ocasiones que le preguntaron los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Lo único que insinuó es que no es tarea de un portavoz del Gobierno valorar las decisiones judiciales y que «el acontecimiento importante» que se ha producido es que el Parlamento vasco ha incumplido un mandato judicial. «La Ley tiene que cumplirla todo el mundo», dijo, y más aún quien tiene el poder institucional.
Quien sí respondió a Villar fue Atutxa, quien calificó el talante del delegado del Gobierno como «absolutamente autoritario». «Un tema tan serio como el que tenemos entre manos se está tratando con una enorme frivolidad y con muy poca seriedad», añadió, recordando que todavía no se ha tomado una decisión sobre el comportamiento del Parlamento. La Cámara, dijo, no puede actuar en estos momentos y tendrá que esperar a que se le comunique cualquier decisión.
Cardena señaló ayer que «Hay que obedecer las resoluciones de un juez que dicta esta resolución en el ámbito de sus competencias, por razón de la materia y del lugar, que le corresponden». Para el ministro Angel Acebes, el fiscal ha dado públicamente una opinión jurídica a su consulta, que supone que «el juez competente en el caso es el que puede tomar las decisiones que correspondan para hacer ejecutar lo juzgado». «Las resoluciones judiciales son para ser cumplidas, y el Estado de Derecho tiene mecanismos para que se cumplan».